por primera vez la Justicia federal fijó multas a funcionarios públicos |
| Escrito por Redacción |
| Martes, 27 de Octubre de 2009 20:00 |
 Lo dispuso Luis Armella juez federal de Quilmes y recaen sobre el titular de ACUMAR, Homero Bibiloni, y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Es por falta de obras de construcción. También intimó al jefe comunal de Lomas de Zamora por desalojos en La Salada. Se mueve el tablero en la Secretaría de Ambiente de Nación por el inexplicable desinterés del secretario que ya había sido intimado en más de cinco oportunidades. El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, aplicó por primera vez multas a funcionarios públicos por el incumplimiento de obligaciones en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema en la causa "Mendoza", donde el Máximo Tribunal ordenó en el 2008 llevar adelante un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo. La medida recayó sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, por no realizar un muro perimetral en el complejo industrial ACUBA, y sobre el intendente del partido bonaerense de Lanús, Darío Díaz Pérez, por la falta de utilización del dinero que estaba disponible para la confección de esa obra. En la resolución, firmada este martes, Armella dio un plazo de cinco días a Bibiloni para realizar el muro perimetral y de 48 horas al intendente Díaz Pérez para devolver el dinero que iba a ser destinado a ese fin ($2.270.000, en total). De no cumplir con las intimaciones, la multa será operativa. En este sentido la multa no se aplica directamente ya que el Juez debe darle un plazo. Sin embargo a diferencia de las anteriores intimaciones Armella da un golpe de timón ya que la sanción actual es de $5.000 por cada día de incumplimiento durante la primera semana, y se incrementará en $5.000 cada siete días si persiste la mora. Socarronamente en los pasillos de la Secretaria dicen que Bibiloni está buscando ladrillos cal y cemento pero para su propia tumba. Sin lugar a dudas que la sanción se encuadra en el marco de las distintas actuaciones que se comienzan a llevar en toda la república y que directa o indirectamente están vinculadas con la cartera o con programas y el COFEMA. Un ejemplo de esto es la sanción del Juez Federal de Tucumán Número 2, a cargo de Mario Racedo al ingenio azucarero y destilería La Trinidad, que recibió fondos de la cartera de ambiente para la reconversión industrial. Además la cartera de ambiente provincial, debía controlar con su cumplimiento. Un escándalo. Pero unos meses antes el Juez Roberto Gallardo libró un embargo por 30 millones de pesos.al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por no trasladar a los habitantes de la Villa 26 –ubicada a orillas del Riachuelo- a unos terrenos adquiridos en Barracas, donde no se construyó ni una sola vivienda. La historia se remonta al 2006, año en que la legislatura porteña aprobó la ley que declaró la emergencia ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo, por la cual se establecía el inmediato traslado de ese barrio carenciado donde se presentaban numerosos casos de afecciones respiratorias por la contaminación emanada de la cuenca. En julio pasado y a un año de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Bibiloni había incumplido con todos los plazos. Los temas pendientes eran y son inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca, un plan o cronograma para esta tarea, identificación de agentes contaminantes, mapa sociodemográfico y una encuesta de factores ambientales de riesgo, medidas de vigilancia epidemiológica para las zonas de emergencia entre otros. Hasta se olvidaron por "acto fallido" al partido de Merlo. En la oportunidad el escrito presentado por Armella decía textualmente "ello, sin perjuicio de advertir a la ACUMAR que deberá articular todas las acciones necesarias para relevar y conocer las necesidades que existan en los distintos estados que componen la cuenca en saneamiento para el cumplimiento del fallo en ejecución, aplicando la prudente ponderación anticipatorio esbozada la Corte ya que resulta inaceptable que se adviertan falencias como la citada". Bibiloni nunca estuvo operativo ya que ni Sergio Massa ni Aníbal Fernández confiaron en el secretario ni en su capacidad de dar resultados. Hoy Bibiloni "es un tapón que no deja pasar el agua" confiaron fuentes de la cartera La multa es producto de las sanciones que la Corte dispuso su aplicación en el fallo "Mendoza", dictado en julio del 2008. Allí, el Alto Tribunal habilitó al juez de ejecución de esa sentencia a fijar multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos establecidos, pudiendo además ordenar la investigación de los delitos que deriven de la inobservancia de los mandatos judiciales. El juzgado también inició una causa penal a fin de que se determine si existió algún delito por parte de funcionarios del Municipio de Lanús y/o de ACUMAR, como consecuencia de la falta de ejecución del capital para la realización del muro perimetral en ACUBA. Cabe recordar que el predio ACUBA había sido anteriormente desalojado y clausurado por orden de Armella tras detectar el ingreso de material contaminante, y su posesión había sido restituida a la provincia de Buenos Aires, luego de que el juez constatara que una asociación de curtidores, a quien había sido otorgado el terreno, incumplió con su obligación de construir un polo curtiembrero y una planta de tratamiento de residuos industriales. Asimismo, y a fin de verificar el efectivo cumplimiento del saneamiento y recomposición en ejecución, el magistrado dispuso que personal del juzgado a su cargo podrá constituirse en cada lugar de emplazamiento donde deban constatarse las obras programadas. En la misma disposición, Armella intimó al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi; al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, y al titular de ACUMAR, Homero Bibiloni, a que en 30 días desalojen asentamientos precarios y cualquier obra edificada en los márgenes linderos al Riachuelo ubicados sobre el predio conocido como "Feria La Salada", de esa localidad bonaerense, también bajo apercibimiento de la aplicación de una multa por cada día de demora y por igual monto que la anterior. El objetivo del desalojo es evitar que la presencia de esos asentamientos dificulte la limpieza de márgenes y el trazado del camino de sirga, obras que deberán comenzar a ejecutarse a partir de noviembre próximo. |
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