GRAVE DETERIORO INSTITUCIONAL EN MORÓN

Hace pocos días, se realizó una conferencia de prensa en Morón.  Morón, la “capital de la transparencia”. Dicha conferencia de prensa, tuvo como objetivo, hacer pública una denuncia sobre una funcionaria del Ejecutivo Comunal, Perla Mabel Fernández, sobre quien pesan graves denuncias por hechos cometidos en su vida privada. No son actos contra la Administración Pública. Pero sí tienen que ver con la llamada “ética pública”. Dichas denuncias fueron transmitidas al Jefe Comunal, quien hizo caso omiso a lo planteado en nuestro carácter de ciudadanos. Ciudadanos de Morón.

Entendemos por lo tanto, que el Intendente Sabbatella, no sólo defiende a su funcionaria, sino que defiende también a quien integra su partido político “Encuentro por la Democracia y la Equidad -EDE”, ya que Perla Fernández es la “coordinadora de cultura” del  “Instituto de Estudios Públicos - IEP”, “un espacio que se constituye como el responsable de la generación, formación y desarrollo de los cuadros técnicos y profesionales del partido, la organización y acompañamiento en los procesos de formación de la militancia política…” O sea que Perla Fernández es “parte formadora de cuadros técnicos y profesionales del partido y organiza y acompaña la  formación de la militancia política…”. Realmente  para tener en cuenta quiénes forman el partido político que intenta lanzarse a la arena política a nivel nacional.

La ética pública, reglamentado por la Ley N° 25.188, habla sobre “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. Una función pública que debe ser sinónimo de “servidor público”, y cuyo fin primordial es el bien común.

A su vez, somos absolutamente respetuosos del accionar de la Justicia, que es la que tiene que expedirse, por lo que toda la situación que denunciamos no permitiremos se someta a un debate público, salvo nuestro pedido de desplazamiento de la persona denunciada al estar incursa no sólo en artículos del Código Penal, sino  en graves incumplimientos a la Ley de Ética Pública N° 25.188, artíc. 2, inc “a” y “b”y art. 3, puesto que la ética pública no debe ni puede estar separada de la ética privada, puesto que denota la condición íntima y ser de la persona. Es sumamente paradójico y contradictorio que quien como representante del Municipio a través de Acción Social, deba atender las necesidades extremas de sectores de la población más desprotegidos, excluídos, y carentes de recursos, que solicitan alimentos, medicamentos, vivienda, pensiones por discapacidad, etc., esté acusada ante fueros penales por hechos gravísimos como estafa y abandono de persona, que, si bien particulares, reitero, comprometen la calidad de las instituciones y la gestión de gobierno comunal.

A su vez, en Acción Social se maneja información sumamente sensible y calificada, a través de los relevamientos que se hacen por las asistentes sociales, en informes socio-ambientales y socio-económicos. Imaginemos  si esa información confidencial de abuelas o abuelos solos, sin familia en muchos casos, propietarios de algún bien material, llegara a caer en manos de algún abyecto personaje. Por lo tanto es indiscutible que aquél o aquella que represente al Municipio, debe tener una honorabilidad, moral y trayectoria más que sólida e indiscutida.

Todo lo sucedido se agrava aún más, cuando el Intendente Sabbatella ignora lo planteado,  independientemente de que no exista normativa jurídica que obligue al Jefe Comunal a apartar dicha persona. Es obvio que un intendente no debe conocer la vida privada de todos sus funcionarios, pero sí debe atender las inquietudes que se le plantean, máxime cuando están involucrados en su gestión aquel o aquellos denunciados por graves hechos. El Intendente Sabbatella respondió con un silencio ominoso, oprobioso, la denuncia planteada, echando por la borda su prédica de transparencia, combate a la corrupción, ética y moral, evidenciando que la invitación a la participación ciudadana es para determinados temas nada más, no aquellos que puedan cuestionar su accionar y decisiones.

A su vez, el tema también fue planteado a colaboradores del recientemente designado Defensor del Pueblo de Morón, Sr. Abraham Gak, quien se negó a recibir personalmente dicha denuncia, y que luego de varios llamados a su Defensoría, delegó en segundas jerarquías la recepción de la misma. Obviamente la denuncia no fue presentada puesto que a una semana de asumir,  el Defensor del Pueblo comenzó incumpliendo el compromiso de representatividad de los intereses de la ciudadanía, función para lo fue creada la Defensoría, repitiendo la actitud asumida por el Jefe Comunal de ignorar el tema. Sumado a que la Defensoría funciona en dependencias del Ejecutivo (Bmé. Mitre al 700), fue designado por el Concejo Deliberante, o sea el Ejecutivo (por la mayoría oficialista), y percibe un presupuesto del orden de los $ 500.000.- anuales que provee el Ejecutivo, cabe preguntarse: ¿qué intereses defiende el Defensor del Pueblo, los de los ciudadanos o los del Departamento Ejecutivo?.

Finalmente, el tema fue planteado por mail a los 24 Concejales del Concejo Deliberante, para quienes la denuncia formulada sobre causas penales a una funcionaria comunal no amerita mínimamente para un pedido de informes al Depto. Ejecutivo, para que se expida sobre la persona cuestionada sobre qué méritos y antecedentes cuenta para ocupar la Dirección de Acción Social, omitiendo una posición al respecto. O sea que vemos que el Concejo Deliberante en Morón funciona como un apéndice del Ejecutivo, sin autonomía, incumpliendo notoriamente su función de fiscal y contralor de los actos de gobierno, y de defensa de los intereses de sus representados, los ciudadanos.

Como corolario de la gravedad de lo sucedido, tenemos dos Tribunales de Familia del Departamento Judicial de Morón, denunciados ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As., quien instruye sendos sumarios por graves irregularidades cometidas durante la sustanciación de demandas de curatela y protección de persona, iniciadas por Silvina Julia López.

Todo lo planteado, denota el grave deterioro institucional en Morón, “capital de la transparencia”, donde hay un Intendente que ignora y minimiza las denuncias, un Concejo Deliberante inexistente, una Defensoría del Pueblo que no responde a los reclamos que afectan al Ejecutivo, y Tribunales de Familia que afrontan pedidos de jury político y destitución.  

Morón vuelve a ser epicentro de historias sórdidas, que afectan no sólo los derechos ciudadanos de los denunciantes, sino de todos los moronenses que también están bajo la órbita de todas estas áreas que han hecho de la arbitrariedad y el atropello una forma de gobierno, en franca analogía con un sistema que se degrada día a día, teniendo a la corrupción como principal bandera, con medios de difusión funcionales a dicho sistema. 

Agradecemos su difusión.
Atte. Waldo A. Ascua.
"Compromiso Ciudadano"
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